Publicado en línea en The Lancet el 16 de octubre, 2014 y traducido al español con permiso.
Inglés disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2961635-4/fulltext

Para lograr la cobertura universal de salud se necesita definir qué cobertura se requiere garantizar a todos. Considerando la brecha entre lo que es posible médicamente y lo que es factible financieramente, es inevitable que cada sociedad realice algún tipo de racionamiento. De modo que no se trata de decidir si hay que establecer prioridades, sino cuál es la mejor manera de hacerlo.[1] Sin embargo, en el debate sobre cobertura universal de salud, este tema se pasa por alto o es de ocurrencia tardía. Esta situación surge porque la definición explícita de prioridades es un asunto polémico, con una carga política y un desafío a nivel técnico, que muy rara vez es objeto de estudio y es pobremente entendido.[2] En este contexto, las lecciones de América Latina tienen una relevancia especial. Más que en cualquier otra parte del mundo, los países de esta región han introducido prioridades explícitas para definir planes de beneficios de salud.[3,4] Sus defensores argumentan que los resultados son potencialmente más eficaces, equitativos, transparentes y eficientes que prácticas implícitas de racionamiento, que incluyen listas de espera, ajustes de calidad o tarifas a los usuarios.[4]