Publicado en línea en The Lancet el 16 de octubre, 2014 y traducido al español con permiso.
Inglés disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61647-0
RESUMEN
América Latina continúa segregando a los diferentes grupos sociales en segmentos separados del sistema de salud, inclu-yendo dos bloques distintos del sector público: una seguridad social bien dotada de recursos que sirve a los trabajadores asalariados y sus familias, y un Ministerio de Salud que atiende a las personas pobres y vulnerables con bajos estándares de calidad a cambio de pagos frecuentemente empobrecedores. Esta segregación es una muestra de la persistente desigualdad económica y social que impera en América Latina y que se sustenta en un marco que predijo que el crecimiento económico permitiría una rápida formalización de la economía. Hoy, a pesar del aumento de la esperanza de vida y otros avances, la estructura institucional que mantiene la segregación social en la atención de salud se percibe como un obstáculo para el ejercicio efectivo del derecho a la atención de la salud, consagrado en la legislación de muchos países de América Latina. En este trabajo se describen las cuatro fases en la historia de los países latinoamericanos que explican el origen de la segmentación en la atención de salud y los tres caminos que pretenden superarla: la unificación de los fondos empleados para financiar los servicios de la seguridad social y el Ministerio de Salud (un único pagador público); la libre elección del proveedor o asegurador, y la ampliación de la cobertura de servicios para la población pobre y no asalariada que hace explícitos los beneficios de atención de salud a los que tienen derecho todos los ciudadanos.
Publicado en línea en The Lancet el 16 de octubre, 2014 y traducido al español con permiso.
Inglés disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61646-9
RESUMEN
A fines de la década de 1980, muchos países de América Latina comenzaron reformas en el sector social para aliviar la pobreza, reducir las desigualdades socioeconómicas, mejorar los resultados de salud, y proporcionar protección ante el riesgo financiero. Particularmente, a partir de la década de 1990, las reformas encaminadas a fortalecer los sistemas de salud para reducir las desigualdades en el acceso a la salud y en los resultados, se centraron en la expansión de la cobertura universal de salud, especialmente para los ciudadanos pobres. En América Latina, las reformas del sistema de salud han creado un acercamiento distinto a la cobertura universal de salud, apoyado en los principios de equidad, solidaridad y acción colectiva para superar las desigualdades sociales. En la mayoría de los países estudiados, el financiamiento del gobierno permitió la introducción de intervenciones relacionadas con la oferta para ampliar la cobertura de seguro para los ciudadanos no asegurados —con paquetes de beneficios definidos y expandidos— y para ampliar la prestación de los servicios de salud. Países como Brasil y Cuba introdujeron sistemas universales de salud financiados mediante impuestos. Estos cambios fueron combinados con intervenciones de demanda dirigidas a mitigar la pobreza (focalizando muchos determinantes sociales de salud) y mejorando el acceso de las poblaciones más desfavorecidas. Por lo tanto, las características distintivas de los sistemas de salud para el fortalecimiento de la cobertura universal de salud y las lecciones de la experiencia latinoamericana son relevantes para los países que avanzan hacia la cobertura universal de salud.
Publicado en línea en The Lancet el 16 de octubre, 2014 y traducido al español con permiso.
Inglés disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2961635-4/fulltext
Para lograr la cobertura universal de salud se necesita definir qué cobertura se requiere garantizar a todos. Considerando la brecha entre lo que es posible médicamente y lo que es factible financieramente, es inevitable que cada sociedad realice algún tipo de racionamiento. De modo que no se trata de decidir si hay que establecer prioridades, sino cuál es la mejor manera de hacerlo.[1] Sin embargo, en el debate sobre cobertura universal de salud, este tema se pasa por alto o es de ocurrencia tardía. Esta situación surge porque la definición explícita de prioridades es un asunto polémico, con una carga política y un desafío a nivel técnico, que muy rara vez es objeto de estudio y es pobremente entendido.[2] En este contexto, las lecciones de América Latina tienen una relevancia especial. Más que en cualquier otra parte del mundo, los países de esta región han introducido prioridades explícitas para definir planes de beneficios de salud.[3,4] Sus defensores argumentan que los resultados son potencialmente más eficaces, equitativos, transparentes y eficientes que prácticas implícitas de racionamiento, que incluyen listas de espera, ajustes de calidad o tarifas a los usuarios.[4]
